Los días 22 y 23 de febrero se celebró en Madrid, en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad, organizado por el “Club de la Innovación”. El congreso contó con la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la FEMP así como el patrocinio de varias empresas del sector TIC y financiero.
A la finalización del Congreso se entregaron premios a las organizaciones más avanzadas en la aplicación de soluciones interoperativas en cada uno de los niveles de la administración. A nivel local, el Ayuntamiento de Terrassa compartió con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el premio a la sede electrónica más completa, desde este prisma de la interoperabilidad.
Satisfechos por esta distinción, desde Terrassa querríamos aprovechar la ocasión para incluir en la agenda política catalana, ahora que recientemente estrenamos gobierno del país y estamos a punto de renovar los gobierno municipales, esta cuestión de la colaboración entre las administraciones en beneficio de la ciudadanía, que es el significado real del término interoperabilidad para la gente “de a pie”.
LOCALRET impulsó, ya hace diez años, (¡cómo pasa el tiempo!), un acuerdo político “de país” para acelerar la modernización de nuestras administraciones y convertirlas en un factor de competitividad del territorio, en un elemento de apoyo a la actividad económica y social, entendiendo que, más allá de su función clásica de administrar los recursos públicos, los gobiernos debían ser promotores del avance hacia la sociedad de la información y el conocimiento.
Nos decía el profesor Castells en aquellos momentos que la fase “social” de Internet, la socialización del uso y de los beneficios de las TIC al conjunto de la población, dependían mucho del empuje del sector público. Por ello, deducimos que el desarrollo de la sociedad de la información en Catalunya requería, en primer lugar, un acuerdo doblemente transversal: político, de todos los partidos, e institucional, de todos los gobiernos, cosa que finalmente se consiguió en torno al “pacto parlamentario para el desarrollo de la sociedad de la información a las administraciones públicas catalanas” del 23 de julio de 2001.
En segundo lugar, hacía falta un liderazgo público decidido. La Administración debía dar ejemplo, utilizar las TIC para hacer realidad los preceptos colaborativos y simplificadores de la Ley 30/92, muy anterior al fenómeno Internet, pero clarividente en la necesidad de cambiar los procedimientos. Se produjo el acuerdo y se pusieron en marcha muchos proyectos, algunos exitosos y otros menos, pero se hicieron los primeros pasos en cuanto a los elementos básicos para la digitalización de la gestión pública y para posibilitar los intercambios de información con el objeto de simplificar y agilizar las gestiones al ciudadano. Vino, acto seguido, todo el despliegue normativo que concluyó con la Ley 11/2007 y el derecho de los ciudadanos a su relación telemática con las administraciones. Y ahora, al fin, nadie discute que se debe reducir la “carga administrativa”, a la que se le ha dedicado incluso una directiva de servicios de la UE.
Pero, sinceramente, flojeamos de liderazgo compartido, emprendedor y transversal para lograr los objetivos planteados como país. 10 años después del pacto, pese a haber abierto nuestras bases de datos y posibilitar los intercambios sobre el concepto de dato “único y compartido”, a las OAC (oficinas de atención ciudadana) municipales se siguen atendiendo cantidades enormes de ciudadanos y ciudadanas que vienen a solicitar certificados para llevarlos a algún servicio de algún Departamento de la Generalitat o de algún Ministerio… Si queréis, en próximas entregas de este blog, profundizamos el tema y ponemos datos concretos. Pero es necesario, de verdad, ponerse las pilas al servir y satisfacer conjuntamente, eficientemente, las demandas que los contribuyentes nos planteamos a los servidores públicos de todos los niveles. ¿nos ponemos?
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